La necesidad de reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales es uno de los principales temas abordados por los integrantes latinoamericanos del Consejo Ejecutivo de la Unesco.
Canal Patrimonio
En su discurso ante los 58 integrantes de ese órgano rector, el embajador de Ecuador, Lautaro Pozo Malo, destacó “la necesidad e importancia de mejorar la aplicación de la Convención de 1970, que se ha mantenido inmóvil durante décadas y que solo ha reunido a los Estados firmantes en dos ocasiones en 40 años”.
Se calcula que si el comercio de bienes culturales en el mundo “moviliza anualmente 40.000 millones de dólares (29.600 millones de euros), el ilícito mueve 6.000 millones de dólares (4.440 millones de euros)”, denuncia Pozo Malo. Su amplitud es tal que ocupa “el tercer puesto de las actividades criminales mundiales, tras el tráfico de estupefacientes y de armas”, señala a Efe el embajador de Perú, Manuel Rodríguez Cuadros, quien solicita al pleno que la Unesco impulse una “alianza mundial contra el tráfico ilícito de bienes culturales”.
En la actualidad, lamenta Pozo Malo, la convención estipula todavía que el país de origen de los bienes supuestamente ilícitos debe haberlos inventariado previamente y probar su propiedad. “Algo absolutamente imposible con las piezas arqueológicas, tan abundantes y difíciles de proteger, muchas de ellas aún por descubrir y por supuesto por inventariar, pero vitales para preservar la historia, la cultura y la identidad de los pueblos”, critica el diplomático ecuatoriano, que insiste en solicitar una alianza mundial para frenar el tráfico ilícito de bienes culturales.
